LA “FORMALIZACIÓN”

          El procesamiento, un tanto curioso, del Intendente de Soriano Guillermo Besozzi tuvo uno de sus varios episodios (¿el último?) cuando la Corte Electoral debió pronunciarse sobre la suspensión de la ciudadanía. Con una paridad de votos alineados políticamente, el rifirrafe jurídico giró en torno a la interpretación de la ya famosa expresión legal “formalización”, multicitada en el CPP, más propiamente en su art. 266/6.

          Descarto de plano que las personas puedan ser “formalizadas”. Con la Rae en mano –metafóricamente hablando- el verbo formalizar en ninguna de sus acepciones se refiere a personas, sino a ideas, propósitos, documentos, actos por realizar.

          El propio Código, con sus errores gramaticales y técnicos, habla reiteradamente de la “formalización de la investigación”, pero nunca de la persona indagada. Más todavía, hurgando en su lectura, se puede advertir más adelante, que el verbo formalizar retoma su sentido natural y obvio, ajeno por completo en su aplicación a las personas indagadas (328 y 339). Entonces, seguir con la muletilla de que tal persona fue “formalizada” es un barbarismo gramatical inaceptable, aun como expansión literaria.

          Quedaría por definir qué pasa con el indagado en la audiencia de formalización de la investigación. La respuesta está dada en el mismo artículo: “la sujeción del imputado al proceso” y el “comienzo del sumario (art. 16 de la C.)”. Y eso se llama auto de procesamiento, a pesar de que la palabra “sumario” luego desaparece en una maraña de audiencias de redacción más o menos coloquial y confusa.

          Es decir, sumario y auto de procesamiento se corresponden en términos de inherencia. Por lo que, sería de buen uso despedir a la “formalización” y en su lugar, poner auto de procesamiento y llamar procesado al sujeto indagado.                                                     

 

 

         

        GLOSAS SOBRE LA PRISIÓN PREVENTIVA

        Nuestro país sigue sin encontrar un ordenamiento legal que concilie razonablemente la prisión preventiva con el principio universal de presunción de inocencia. Más aún, la mala redacción de los artículos que la regulan en el Código del Proceso Penal, ha derivado en una verdadera banalización de su aplicación de todos los días, como veremos en algunos ejemplos que se glosan a continuación.

         Sigue prevaleciendo en jueces y fiscales lo que Carrara llamaba “la manía de cárcel” en su “Inmoralidad de la Prisión Preventiva”. Banalización y manía que han hecho saltar por los aires la presunción de inocencia inherente a la persona humana, prácticamente olvidado.

          Ya es costumbre que esta “terrible medida cautelar” (Andrés Ibáñez) se aplique con razonamientos más o menos tautológicos y repetitivos, que revelan, en sustancia, cierta pereza mental para un abordaje de mayor enjundia que justifique aquella indeseable prevalencia. Un ejemplo clamoroso es el “peligro de fuga”, hoy convertido en un comodín prêt à porter, apto para aplicarla en cualquier circunstancia.

         Pruebas al canto. En un caso reciente se invocaron los siguientes fundamentos: el imputado vive en la frontera seca y puede cruzarla caminando: es muy inteligente y de gran astucia para los negocios, tiene mucho dinero y puede comprar voluntades. Con lo cual se sientan tres principios heroicos: ser inteligente y astuto, vivir en la frontera y tener mucho dinero. Resultado, el tipo se va caminando.

           Un fiscal, opinando sobre un caso que llevaba otro juzgado, dijo campanudamente que si hubiera dependido de él quizá habría aplicado la prisión preventiva porque se dan todos los elementos para interceder en al proceso. Fuera de lo insólito de la injerencia en lo que hizo otro, la afirmación desconoce el alto grado de subjetividad que conlleva la aplicación de la prisión preventiva y que hace intransferibles sus fundamentos.

        Juzgar no es superponer la norma al hecho, porque no es un silogismo. Sus decisiones son obras de la inteligencia y de la voluntad y de una constelación de prejuicios, creencias y pasiones.  Sin querer engolar estas líneas, Couture lo ha explicado con palabras definitivas. Y el proceso penal es un terreno fértil para activar sentimientos indeseables.

          Un procesado obtuvo la prisión domiciliaria, pero un tribunal la revocó invocando una circunstancia totalmente novedosa en el mundo jurídico: el poder de hecho, como opuesto al poder de derecho, que puede tener el agente para entorpecer la investigación desde su domicilio. Decía: “si bien el procesado no cuenta con un poder de derecho…el imputado conserva un poder de hecho que no hace a ningún cargo…”

          Entonces, los procesados vendrían a tener un “poder de derecho” según la posición que ocupen y otro “de hecho”, para entorpecer la investigación desde su domicilio, siendo el primero una aporía insalvable, toda vez que habría un verdadero derecho a entorpecer la investigación en función de ese poder.

           Como podrá advertirse se confunde el derecho del procesado a procurarse toda la prueba legítima a su alcance para “desvirtuar las imputaciones…” (64/d), con un supuesto poder sobre el mundo exterior.

          Daría para mucho más, pero la extensión de ésta ya me agobia, antes de que lo mismo les suceda a quienes la lean.

                                                                              

 

                                 INMUNIDADES DE LOS MINISTROS

          Con un adelanto respetable, la prensa informó que varios altos jerarcas del gobierno deberán comparecer ante la fiscalía competente por el llamado caso Marset. Liquidado por una interpelación parlamentaria y dos investigaciones administrativas, el asunto ya se daba por terminado en sus instancias.

          Pero, una orden personal impartida por el Director de la Fiscalía Dr. Juan Gómez dispuso que se iniciaría una indagatoria preliminar, que es la que motiva la presencia de varios ministros en calidad de indagados. Lo cual supone que deberán concurrir con asistencia letrada. También, la parafernalia televisiva “ad portas”.

          Tengo, en principio, cierta vacilación respecto al fundamento jurídico por el cual la fiscalía puede llamar a declarar a un ministro de Estado. Dando por cierto que mentes más esclarecidas pudieran no tenerla.

          Esto es así porque el art. 178 de la Constitución establece que “Los ministros de Estado gozarán de las misma inmunidades y les alcanzarán las mismas incompatibilidades y prohibiciones que a los Senadores y Representantes en lo que fuere pertinente”. Es decir, inmunidad de opinión e inmunidad de arresto.

 

            En el caso, debiera suponerse que, ante un texto que abruma por su claridad, ningún fiscal podría interrogar a un ministro de Estado por los juicios y opiniones que hubieren vertido en el ejercicio de sus funciones. Quien lo intentara, podría recibir una respuesta contundente que llenaría de perplejidad la sala: “yo tengo inmunidad de opinión y las que he emitido sobre el caso Marset están fuera de todo contralor jurisdiccional o de averiguación fiscal”.

          Coloquialmente, podríamos decir entonces, que el intento de ponerlos en la parrilla habría fracasado por impertine

 

 

DE ENCUENSTAS Y POLITÓLOGOS

                     Hay veces que resulta difícil juzgar la imparcialidad que, en rigor de emblemático en verdad, debieran lucir las encuestas y los inevitables comentarios que les endosan los politólogos y los comentaristas de lo general. El caso Astesiano es ese sentido, no obstante irse desvaneciendo con el paso del tiempo, reducido a un tema policial cuyas consecuencias pueden convertirse en un verdadero bumerán.

           Viene ahora la segunda parte: los politólogos están aplicando toda su ciencia para determinar por qué el caso Astesiano no melló la aprobación que el presidente Lacalle Pou recibe de la población, superando el promedio que los presidentes anteriores tenían en la mitad del período de gobierno. Es entonces cuando aparecen las interpretaciones más cavilosas, todas de imposible probanza, a cuyo vaivén se pierden los mínimos de sensatez exigibles, justamente en quienes suelen presentarse como expertos en la materia.

          Y digo de imposible probanza porque el resultado de una encuesta se expresa en números. Cosa distinta es pretender interpretar esos números en función supuestas intenciones de las personas consultadas, tarea vana por el prejuzgamiento antojadizo que conlleva y engañosa en sus resultados. Sería la interpretación desmereciendo a la ciencia.

          En el caso que comento tuvo que aparecer una encuesta novedosa y extraña realizada por una empresa de conocida afinidad con el FA, referida al grado de confianza que merece en la población el presidente Lacalle Pou. Ya no es la aprobación de su gestión, sino la confianza, maniobra burda por la falsedad intrínseca que supone, toda vez que, psicológicamente hablando, la aprobación es una indubitable expresión de confianza. Porque primero se confía, luego se aprueba.

         Del disparatorio habitual con que la oposición pretende desmerecer al presidente Lacalle Pou, este de “la confianza” bien merecería la calificación premiun de los últimos días.

OPOSICIÓN Y FARÁNDULA

              La farándula frenteamplista sigue echando leña a la hoguera en su propósito perverso de acosar al gobierno de Lacalle Pou, aún a riesgo de alterar la vida del país, con sus huelgas y paros perfectamente programados por el Partido Comunista. Como en el mensaje bíblico de la “zarza ardiendo” que nunca se apagaba, acá todo sirve para avivar la llama, nada se desperdicia. Cualquier hecho, norma, circunstancia o comentario que emane del Poder Ejecutivo, en particular del presidente Lacalle Pou, desata una catarata de acusaciones e interpretaciones maliciosas.

          En otras palabras, para esta gente el gobierno de Lacalle Pou es una especie de desgracia nacional y como tal, todo vale para combatirla. Una miseria como nunca se había visto en el país, incluyendo los 15 años en que gobernaron prácticamente sin oposición. En ese designio perverso afloran a diario la mentira, la calumnia, la descalificación y hasta la burla. El odio y la iracundia en la expresión verbal son fiel reflejo de un estado de ánimo alterado por una derrota que no terminan de aceptar en términos democráticos.

          Por eso hay que mentir, mentir siempre, porque la mentira cala hondo en la credulidad popular y eso sirve para denigrar a la gente honrada, práctica comunista de vieja data, bien visible hoy día en la verborragia cotidiana de los dirigentes que integran la oligarquía sindical que organiza a diario todo tipo de huelgas y paros generales. Después de todo y en buen romance, al país que lo parta un rayo si eso sirve como lanzadera para llegar al gobierno.

          A este proceder la izquierda le llama oposición y quizá lo sea. Pero una oposición pérfida, consciente de su sinrazón, que invoca la pobreza –la de los demás, por supuesto- como consigna para utilizar en su provecho a las mismas masas que dice defender, con sus marchas diarias y su vocinglería ante la Torre Ejecutiva. Es oposición y farándula al mismo tiempo, pintura grotesca de un estilo que no agrega nada a la conocida monserga comunista.

          Ante este asedio inmerecido, se yergue serena la figura del presidente Lacalle Pou. Dedicado en cuerpo y alma a su tarea gubernativa, dinámico, recorriendo el país, en contacto directo con la gente y siempre abierto al diálogo, merece el reconocimiento y la confianza que el pueblo, mayoritariamente, depositó en él.

FISCAL GENERAL EN BUSCA DE UN DELITO

 

    Una reciente información de prensa daba cuenta que el Fiscal General Dr. Juan Gómez había decidido enviar al Fiscal correspondiente –sin saber cuál- la versión taquigráfica de la interpelación que se realizó en el senado a los ministros Heber y Bustillo a propósito del caso del pasaporte a Marset. Invocó la “transparencia”  “y las repercusiones internas y externas que justifican con amplitud la investigación que se pretende”. Es decir, el Fiscal General, por su cuenta, toma cartas en un asunto que había sido tratado durante horas en el Senado, prácticamente sin consecuencias

          Creo que Sr. Fiscal se ha metido en camisa de once varas desde el punto de vista jurídico, incursionando en un terreno ajeno a la superioridad de su cargo. En primer término, porque al Fiscal General no le corresponde provocar la intervención de un fiscal determinado para que actúe de oficio en un caso concreto,   porque ello equivale, ni más ni menos, que a sustituirlo en su “leal saber y entender”.

           Esto es así porque la decisión de intervenir o no hacerlo es un fenómeno psicológicamente puro que se da en la intimidad de la conciencia del agente y no debe ser inducido desde afuera sin riesgo de menoscabar su libertad en ese orden, constitucionalmente protegida. Incluso la sentencia es lo que el juez ha “sentido” según la etimología que Couture encontraba para esta palabra, lo cual alude a la parte anímica de su contenido.

           Particularmente, cuando la indagatoria preliminar –como en este caso- carece de indicios que hagan verosímil la existencia de un hecho presuntamente delictivo, tanto que para encontrarlos el fiscal a designar debe leerse la versión taquigráfica de una interpelación que duró 7 horas.

         Esta decisión del Fiscal General orbita en torno de un proceder llamado “inquisitio generalis”, aborrecido por el derecho penal y que consiste en hurgar en un aspecto de la vida de una persona o la actuación de un funcionario hasta encontrar indicios que apunten a la comisión de un delito. Los americanos, con acierto, le llaman “phishing” por su similitud con la pesca.

          En concreto, el Fiscal General no sabe si hay indicios de la comisión de un delito y como no lo sabe, ordena que le pasen a un fiscal cuya competencia también ignora, la versión taquigráfica de una sesión del senado, sin decir para qué. Un proceder que solo de pensarlo eriza la piel.

          Sus fundamentos discurren por la misma senda de la improvisación: bregar por la “mayor transparencia” y las “repercusiones internas y externas” del caso, ni siquiera válidos como expansión literaria. Con lo cual nos quedamos sin saber a qué se refiere, cuando todavía no existe jurídicamente ni la sospecha de la comisión de un delito. La incógnita recién se despejará cuando el fiscal asignado termine de leer una versión taquigráfica de varias decenas de páginas, si no se queda sin aliento por la mitad del camino.     

 ENCUESTAS Y MAYORÍA ABSOLUTA

        Estoy advirtiendo que las encuestas sobre la intención de voto que publican las empresas especializadas están omitiendo, quizá por inadvertencia o descuido, un concepto fundamental para predecir el resultado final de esta consulta. Y es que para que la propuesta de derogar los 135 artículos de la ley de urgente consideración se requiere que el “Sí” supere la mayoría absoluta de votos válidos emitidos, tal como lo dispone el art. 43 de la ley 16.017 del 20 de enero de 1989.

          Es decir y para ser más preciso, se suman los votos válidos emitidos a favor del “Sí” y a favor del “No”, a los cuales se agregarán los votos en blanco. De ese total definitivo, la opción por el “Sí” debiera superar la mitad para que el resultado del referéndum se considere derogatorio de la LUC.

          Dicho textualmente: “Efectuado el escrutinio, la Corte Electoral proclamará el resultado. Se considerará que el Cuerpo Electoral ha hecho lugar al recurso cuando sufraguen por SI más de la mitad de los votantes cuyo voto sea considerado válido” (art. 43).      

          En consecuencia, de poco sirven las encuestas que dan determinadas cifras a favor del “Sí”, si de ellas surge claramente, en su proyección, que no llegarán a ese mínimo exigido por la ley y al cual muy pocas consultas anteriores han llegado, concretamente cuando se pretendió derogar la llamada Ley de Caducidad.

          Por lo dicho, entiendo que las empresas encuestadoras debieran hacer en sus números y en sus conclusiones, una mención a esta exigencia de una mayoría absoluta, que juzgo insoslayable, para que el lector tenga una idea cierta de cual será resultado de las urnas.