UN PRESIDENTE QUE HONRA AL PAÍS

          Quiero referirme al verdadero suceso que fue la visita del presidente Lacalle Pou al Reino Unido, invitado especialmente por el primer ministro Boris Jonhson. En el orden formal, nuestro presidente lució su prestancia habitual, es decir, aplomo y seguridad en sí mismo y su natural sencillez ante los ritos del protocolo, sin perder de vista el objetivo principal de su visita en el orden comercial. Fue un placer verlo conversar fluidamente en inglés con el primer ministro, como así también ante los distintos auditorios donde se presentó.

          Es que así funcionan las relaciones internacionales entre jefes de gobierno y de estado por requerimiento casi imperativo de la importancia de asuntos que la globalización pone en carpeta todos los días y que empieza, obviamente, por hablar en un mismo idioma. Y en lo principal, el presidente apuntó sin ambages a la apertura comercial del Uruguay al mundo, desechando esos remilgos más o menos nacionalistas que tanto obstan al crecimiento de nuestra región.

          Volvió con esperanzas, quizá ilusiones también, de que su visita al Reino Unido producirá en corto plazo buenos resultados para el desarrollo del país, que es, en suma, el bienestar de su población. Y que demuestra cuánto puede conseguirse cuando un presidente decidido y bien informado sale al exterior en estas circunstancias.

          Por todo ello es que puede decirse con orgullo que el presidente Lacalle Pou ha honrado a todos los ciudadanos, incluidos aquellos que les escuece el alma oírlo hablar en inglés, algo desconocido en los últimos tiempos por quienes pusieron en su blasón la mediocridad como signo distintivo de su ideología populista.

¡ADMIRABLE!

           Si tuviera que expresarlo en sentido figurado, diría que Luis Lacalle Pou le cambió la faz a la presidencia de la república, realidad absolutamente incontrovertible por su notoriedad. Es que el país asistió repentinamente a un cambio abrupto y casi desconocido en el ejercicio de la primera magistratura. Hoy tenemos a un hombre joven, dinámico, estudioso y bien informado, de expresión fluida y segura, entregado enteramente a su función, para cuyo cumplimiento no existen horarios y en contacto permanente con la población.

                    Todo lo cual contrasta notoriamente con el pasado reciente que, refugiado en sus mayorías parlamentarias absolutas que todo lo consentían, generó un producto sin destellos, apenas visible una vez por semana y sin contacto alguno con los medios informativos. Y donde el hoy habitual “pregunten” de Lacalle Pou a la prensa hubiera resultado una profanación del silencio reinante en la Torre Ejecutiva.

          Pero la cualidad más distintiva de la personalidad del presidente Lacalle Pou es la calma que exhibe en sus expresiones públicas, cualesquiera sean los temas o las circunstancias en que las pronuncia. Esa tranquilidad de ánimo es una rara virtud en política, allí donde la salida de tono, el exabrupto y la descalificación del adversario suelen ser recursos de uso cotidiano y hasta festejados cuando la grosería asoma.

          En la antítesis de la demagogia, Lacalle Pou persuade cuando habla por la forma respetuosa e inteligente con que se expresa, desandando el viejo camino de la complacencia con los que más gritan y de quienes, invocando las consabidas “políticas sociales”, encontraban en el “compañerismo” de causa las respuestas generosas a sus demandas.

          Por ello, entre otras cosas, el presidente Lacalle Pou recibe hoy la adhesión sostenida de la mayoría de la población en las encuestas de todo tipo que se realizaron este fin de año, incluso con resonancia internacional, a despecho de la oposición pérfida e irracional del sindicalismo comunista desatado, que no vacila en recurrir a las peores armas contra la población si ello sirve para acosar al gobierno en sus intentos por desestabilizarlo. La actitud del presidente en este sentido –serenidad y firmeza- es digna de 

UN AMPARO PARA LA VERGÜENZA

            Un extravagante proceso de amparo a cargo de un juez de Feria, ha culminado con una sentencia de corte autoritario, más que estrictamente judicial. Desbrozando un popurrí de infamias procesales, quiero referirme en particular al inexcusable apartamiento de un principio legal estampado a fuego en los códigos de procedimiento.

          El Amparo es una acción –no un recurso- y como toda acción, se canaliza a través de una demanda que culmina con una petición, exigencia de cumplimiento ineludible.  “La petición será concebida en términos claros y positivos”, decía el 284,5º del Código de Procedimiento Civil, vigente al momento de la sanción de la ley 16.011 de 1985. Y el actual General del Proceso repite lo mismo: “El petitorio, formulado con toda precisión”.

          Pero resulta que el promotor del amparo, que es abogado, omitió incluir al final de su demanda el capítulo que la ley denomina “Petitorio”, que es en sustancia, qué cosa concreta se le pide al juez en la presentación. De ahí la severidad y firmeza de los textos transcriptos, cuyo cumplimiento no puede deducirse por mera inferencia o declaración verbal de intenciones por quien promueve la demanda.

          Si bien es cierto que dicha ley permite que el juez subsane de oficio los vicios formales de la demanda, la omisión del caso no puede darse por saneada recurriendo “al espíritu de la solicitud”, como dijo su señoría, en una interpretación heroica, “pro domo sua”, casi de validez apodíctica. Porque ni el espíritu de la ley ni el espíritu de la demanda pueden prevalecer sobre la claridad de los textos.

          Fue así que en un periquete el juez liquidó el argumento de la defensa del Gobierno, en un caso que iba a tener, de seguro, graves repercusiones, a tal punto, que traspasó las fronteras patrias para mayor vergüenza de todos.

FORMALIZACIÓN Y AUTO DE PROCESAMIENTO

 Por el Dr. Jorge W. Álvarez

          Quisiera referirme, lo más brevemente posible, al uso constante, ya arraigado en los medios de difusión y también profesionales del verbo “formalizar”. Como se verá seguidamente, se trata de un grueso error gramatical que, en algún momento debiera empezar a corregirse en honor al uso correcto del idioma español. Así, oímos y vemos a diario que tal o cual persona fue “formalizada” por la Justicia, imputada de determinado delito. Y esto no es así, aunque se repita, ya en los lindes de la fatiga mental.

          Se trata de un profundo error porque las personas, es decir, los seres humanos, no pueden ser formalizadas por más empeño que se pusiera en ello. En si única acepción, el verbo formalizar significa tanto como concretar, realizar, dar estructura formal a algo que no la tiene. Por ello, formalizar a una personas resulta un verdadero imposible, una contradicción en los términos, una aporía de cuya irracionalidad no se podría salir.

          El barbarismo lo introdujo el Código del Proceso Penal, cuya técnica jurídica, así como su redacción, precisamente, no seducen por el esmero en su concepción. Tratando de simplificar al máximo para facilitar su comprensión, comenzaremos por decir que una vez que el fiscal ha concluido la indagatoria preliminar, reunida ya la semiplena prueba del hecho y de su autor, debe pedir al juez competente que convoque a la “audiencia de formalización de la investigación”.

          Esto es lo que proclaman sin excepción los arts. 45 g), 261, 264, 265, 273-1 y 393 de dicho Código: se formaliza la investigación, nunca las personas. Pero el art. 266.6 –mal copiado del código chileno- que regula el desarrollo de la audiencia de formalización, omitió toda referencia al procesamiento del imputado, que es lo que correspondía en rigor de derecho con la semiplena prueba a la vista. La posibilidad de dictar medidas cautelares, la eventual suspensión de la ciudadanía y el comienzo del sumario presupone necesariamente la existencia de un auto un procesamiento.  Por contraste, a la memoria viene la impecable definición del art. 125 del Código anterior. Más impropio se perfila el uso del verbo “formalizar” cuando justamente el mismo Código se encarga más adelante de rectificarlo por dos veces, en los arts. 328 y 339, devolviéndolo a su verdadera y original acepción.

          En suma, la audiencia de formalización de la investigación es la presentación, con los requisitos del caso, de la semiplena prueba reunida por la fiscalía para que el juez pueda dictar el correspondiente auto de procesamiento. Es, en otras palabras, el elemento formal que legitima la investigación para que la Justicia inicie el proceso penal, con todas sus consecuencias y posibilidades de conclusión.    

 

                            DESAFUERO Y CIRCO EN EL SENADO

   Todo resultó muy previsible en la sesión del Senado que trató el tema del desafuero del Gral. Manini Ríos. Y así quedaron bien delineadas desde un principio dos posiciones divergentes: una, la sostenida por la bancada del Partido Nacional, ajustada estrictamente al sentido natural y obvio que el tema  exigía, esto es, su tratamiento jurídico, más concretamente, constitucional.

      Por otro lado, la posición del Frente Amplio, definida de antemano apenas el tema de la suspensión de los fueros del senador Manini fue solicitada por el fiscal del caso: votar a favor del levantamiento, sin entrar en consideraciones jurídicas. Y allí comenzaba el “relato”, que se mantuvo, con las incoherencias del caso, durante toda la extensa sesión del Senado.

      ¿Y en qué consistía el relato? Pues, en asociar al senador Manini  con la violación de los derechos humanos. Nada que ver con el tema de fondo ni tampoco con la verdad, pero la ocasión se presentaba propicia para involucrarlo y figurar, como de costumbre, como los grandes defensores de los derechos humanos en este país. Como sucede con la pobreza.

     A la contundente argumentación jurídica de los senadores nacionalistas y a la narración auténtica y veraz del senador Manini, le puso broche de oro el senador Julio M. Sanguinetti, con un discurso de abrumadora enjundia constitucional, al estilo de los grandes parlamentarios de otrora, por supuesto, sin leer ningún papelito. Y asunto cerrado en el orden jurídico.

    En el lado opuesto, los senadores frentistas, totalmente fuera del tema, descargaron toda su artillería panfletaria, sin olvidar el insulto, para acentuar el “relato”: desafuero o impunidad fue la consigna, que cerró, con su habitual sentido destructivo, el senador Mujica, grandilocuente  y cursi, con invocación a la posteridad y todo lo demás. En fin, un espectáculo para la tristeza.

    Mientras tanto afuera, un centenar de familiares, ya convertidos en un apéndice del Frente Amplio y olvidados de su razón de ser, cumplían sin grandeza su rutina infecunda, sin arribar a ningún puerto.

      

                        EL FISCAL GENERAL Y SUS ATRIBUCIONES

               Como algo muy censurable debiera verse la decisión del Fiscal General de la Nación Dr. Jorge Díaz de iniciar una investigación administrativa respecto de un dictamen producido por la Fiscal de Carmelo, en una causa que involucraba al ex intendente Dr. Carlos Moreira. La cual terminará, obvio sería decirlo, tipificando irregularidades que ameritan la iniciación de un sumario a dicha funcionaria. Porque si así no fuera, ¿para qué la dispuso? ¿Para que termine con un archivo? Los  precedentes abonan esta conclusión.

       El Fiscal General no se para en mientes cuando quiere intervenir   en algún caso concreto: envía audios o publicaciones a determinadas fiscalías para que actúen de oficio, investiguen y pidan los procesamientos del caso, sustituyéndose indebidamente a la percepción del fiscal competente, la cual por ser personal, es insustituible e integra su libertad para opinar.

       Porque el fiscal que no actúa de oficio es porque su “conciencia moral” –al decir constitucional- no se lo pide. Entonces, el silencio ante un caso concreto es parte de esa libertad de conciencia que la ley le reconoce  como garantía suprema de un pronunciamiento justo e incontaminado. Tomarlo como una omisión que merece el alerta del superior es no haber entendido el significado cabal de dicha libertad.

       Hubo dos casos emblemáticos donde la injerencia del Fiscal General apareció nítida, bien perfilada. Una fue en el caso Sendic, abrumado por denuncias de corrupción de todo tipo. Allí nombró a un fiscal sustituto quien, en un periquete, le puso fin a la investigación, tipificándole a Sendic un delito inocuo, que no le significó ningún perjuicio. Y hasta organizó una insólita conferencia de prensa para justificar su actuar ajeno a toda presión exterior. Y si fue así, ¿por qué citó a la prensa para decirlo?

       El otro fue un  caso que involucró, premeditadamente, al Gral. Manini Ríos cuando era Comandante del Ejército. Allí el Fiscal General nombró a dedo al fiscal que debería intervenir. En un santiamén, descartó al Secretario de la Presidencia y algún otro civil de toda responsabilidad en el caso y apuntó a Manini Ríos, pidiendo su procesamiento. Y misión cumplida, políticamente.

       El Fiscal General, que ahora se rasga las vestiduras y pide averiguar cuáles son los vínculos políticos de una fiscal de Carmelo, bien podría empezar por casa, porque su filiación política frenteamplista es tan notoria que no necesita  presentaciones. Es un hombre del Frente Amplio, partido que se jugó por él para la Fiscalía General, forzando la salida de quien entonces era su titular, Rafael Ubiría, en un juego político de traslados, para entronizarlo y adonde llegó para “reinar”, diríamos metafóricamente hablando.

       Algún freno habría que poner a estos desbordes.

                                     LOS CIEN DIAS Y ALGO MÁS

          

          Con motivo de los 100 primeros días del gobierno de Lacalle Pou, medios y opinión pública han coincidido en la aprobación de su gestión, particularizando la misma en la contención del virus covid-19, a todas luces exitosa. Pero hay un aspecto poco comentado de esa gestión, al cual quiero referirme seguidamente.

          Es lo que bien podría llamarse el “estilo” de este gobierno, si lo contraponemos a lo que ya todos conocíamos desde hace 15 años y que se refleja espectacularmente en ese edificio que ha dado en llamarse la Torre Ejecutiva. Hay allí ahora un emporio de vida y acción y de entrega total a la función de gobierno, con un presidente que no cuenta las horas y un gabinete que le sigue el paso.

          Por eso, la prensa en todas sus expresiones se congrega diariamente en ella, porque el bullir de la acción se desparrama en noticias a comunicar, ya con la palabra del presidente, ya con la de los ministros y altos funcionarios.

          Un contraste inevitable con el estilo de los gobiernos anteriores cuando el dicho edificio lucía penumbroso, tal como si el paso infrecuente del hombre fuera la causa de su opacidad. Es decir, sin vida. El Dr. Tabaré Vázquez reunía los lunes al Consejo de Ministros, convertido ya en una rutina de gobierno sin destellos de creatividad. Y ni pensar en una conferencia de prensa abierta a las preguntas de los presentes,  la cual rehuyó sistemáticamente. Menos aún si nos retrotraemos al gobierno de José Mujica.

          Luis Lacalle Pou trajo un estilo de gobierno frontal, lúcido y de puertas abiertas, siempre dispuesto a comunicar a la población los asuntos que más le conciernen y le interesan. Y la ronda de preguntas es el coronamiento de una transparencia que no sólo está en la acción, sino también en la intención. De ahí el “pregunten” que dirige a los periodistas presentes, desconocido en los últimos 15 años y que tiene sin sosiego a la oposición del Frente Amplio.