PRISIÓN PREVENTIVA Y ARBITRARIEDAD

    Algunos hechos ocurridos recientemente y que aún mantienen una alta repercusión pública, han puesto en la picota a nuestro degradado proceso penal, más concretamente, a la prisión preventiva y su variante humanizada, conocida como medidas sustitutivas. Es que estando en juego la libertad del hombre, podría decirse que los anticuerpos reaccionan automáticamente, metafóricamente hablando.

   Dichos sucesos han originado críticas de todo tipo, pues nadie quedó sin decir su palabra de condena, desde el más modesto ciudadano hasta  encumbrados juristas, incluyendo a quienes podríamos llamar  -remedando a las Cortes españolas-  la “masa encefálica” del derecho penal uruguayo, enfrentada con resignación a hechos irreversibles. Para mayor escarnio, desde algún órgano especializado de las Naciones Unidas se reclamaba contra la aplicación abusiva y maliciosa de la prisión preventiva en el Uruguay.

   Buena cosa es, entonces, sumar críticas y condenas al proceso penal uruguayo como una forma de exteriorizar el rechazo a un sistema casi medieval de juzgar a las personas y que ya roza los lindes de la obscenidad jurídica, justo allí donde la presunción de inocencia debiera blindar su indemnidad ante el asedio inquisidor de jueces y fiscales buscando la sombra de un delito, tal como Diógenes andaba con su linterna buscando un “hombre digno”. Aunque aquí también se trata de buscar un hombre digno, pero para meterlo en prisión preventiva y así arruinarle la vida. Que ese es el resultado final de su inmisericorde aplicación.

  Efectivamente es así. La imposición arbitraria de la prisión preventiva, amparada en textos legales de deplorable redacción y peor aún, en ausencia de éstos,  se ha convertido en el azote de la gente honrada que por primera vez debe enfrentarse al drama de un proceso penal que recién comienza.  Aplicada a piacere por jueces y fiscales con los pretextos más variados, ajenos todos al imperio de la legalidad, hoy se yergue triunfante sobre los derechos humanos de los procesados, ante la indiferencia general y el estupor de quienes, sin conocerla, creen en la Justicia.  

   Para los desafortunados de turno que deben sufrirla no hay discursos parlamentarios altisonantes, ni políticos preocupados, ni paz y justicia, ni protestas tumultuosas frente a la Suprema Corte, ni jueces en San José,  último refugio de la consabida cháchara latinoamericana en la materia. Su imposición innecesaria se sufre en silencio y con resignación ante la falta de medios para evitarla. Igual que la muerte.

    La “gravedad del hecho” y la “grave alarma social” consagradas en sendos textos legales, con su imprecisión y una laxitud que espanta, han ambientado una aplicación casi africana de la prisión preventiva para escarnio de la libertad del hombre, degradando las llamadas “garantías del debido proceso” a un mero recitado sin alma, para repetir en el aula  en un día de examen. Definitivamente sepultado por nuestros jueces el único fundamento que podría justificar su imposición, que es la sospecha fundada de fuga del procesado, ya no quedan medios idóneos para detener el golpe cuando al cabo de la instrucción preparatoria  la Justicia lanza su estocada final: la gravedad de los hechos.

   Por si todo esto fuera poco, ha reaparecido con su rostro de Medusa el  “Abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley”.  Muy constitucional y todo lo demás, pero también muy apto para darle antojadizamente carácter delictivo a cualquier causa de anulación de los actos administrativos, -de esas que se dan a diario en toda la Administración Pública-  aprovechando la frontera difusa que los separa. Y también, pasaporte seguro para mandar a  gente honrada al oprobio de la cárcel inmerecida, penoso tributo que ahora deben pagar quienes se dedican por entero a la causa pública.

  Contrastando con ese abandono de la libertad del hombre a merced de criterios puramente psicológicos que nunca podrán justificarse racionalmente, los medios daban cuenta de la reciente aparición en el proceso penal uruguayo de las llamadas Instancias de Mediación, novedoso  sistema destinado a que víctima y victimario “dialoguen sobre el delito y sus consecuencias para la víctima” y hasta se pongan de acuerdo en su reparación. Todo en un ambiente de reencuentro fraterno, de alta inspiración humanitaria, bajo la mirada complaciente de nuestros tribunales penales. Bienvenidas y buena suerte les deseo, aunque por contraste, no deja de haber cierta ironía poética en ello.

  En efecto, sería deseable que un hálito, aunque más no fuera, de esa noble inspiración soplara sobre jueces y fiscales, sin necesidad de seguir protocolos de las Naciones Unidas ni del apoyo de benefactores internacionales, para que se hicieran tiempo un día en la semana para visitar a quienes  salieron en libertad provisional  después de sufrir  varios meses el calvario  de la prisión preventiva. Y  les preguntaran qué fue de sus vidas, qué fue de sus familias, de su entorno social, qué fue de su trabajo,  a qué se dedican ahora. Y sobre todo, qué harán ahora para recuperar el honor perdido, la dignidad pisoteada, qué harán para recuperar la esperanza.

  Verán entonces, los que quieran verlo, la tremenda inmoralidad de la prisión preventiva  -como decía Carrara- y los daños irreparables que provoca en el ser humano, dotado de derechos fundamentales inherentes a su libertad. Todo innecesario, todo perfectamente evitable, sin que la Justicia se resintiera en lo mínimo ni las leyes dejaran de cumplirse, con solo recurrir a las medidas alternativas, sustitutivas del oprobrio carcelario. Con este pequeño giro todos habrían ganado, incluso quienes resultaren perdedores al final del proceso. Pero en todo caso siempre habría un ganador supremo: la libertad del hombre. Entonces se darían cuenta que el esfuerzo valió la pena y que la humanización del procesamiento está al alcance de la mano.