EL FISCAL GENERAL Y SUS
ATRIBUCIONES
Como
algo muy censurable debiera verse la decisión del Fiscal General de la Nación
Dr. Jorge Díaz de iniciar una investigación administrativa respecto de un
dictamen producido por la Fiscal de Carmelo, en una causa que involucraba al ex
intendente Dr. Carlos Moreira. La cual terminará, obvio sería decirlo,
tipificando irregularidades que ameritan la iniciación de un sumario a dicha
funcionaria. Porque si así no fuera, ¿para qué la dispuso? ¿Para que termine
con un archivo? Los precedentes abonan
esta conclusión.
El Fiscal General no se para en mientes cuando
quiere intervenir en algún caso
concreto: envía audios o publicaciones a determinadas fiscalías para que actúen
de oficio, investiguen y pidan los procesamientos del caso, sustituyéndose
indebidamente a la percepción del fiscal competente, la cual por ser personal,
es insustituible e integra su libertad para opinar.
Porque el fiscal que no actúa de oficio
es porque su “conciencia moral” –al decir constitucional- no se lo pide. Entonces,
el silencio ante un caso concreto es parte de esa libertad de conciencia que la
ley le reconoce como garantía suprema de
un pronunciamiento justo e incontaminado. Tomarlo como una omisión que merece
el alerta del superior es no haber entendido el significado cabal de dicha
libertad.
Hubo dos casos emblemáticos donde la
injerencia del Fiscal General apareció nítida, bien perfilada. Una fue en el
caso Sendic, abrumado por denuncias de corrupción de todo tipo. Allí nombró a
un fiscal sustituto quien, en un periquete, le puso fin a la investigación,
tipificándole a Sendic un delito inocuo, que no le significó ningún perjuicio.
Y hasta organizó una insólita conferencia de prensa para justificar su actuar
ajeno a toda presión exterior. Y si fue así, ¿por qué citó a la prensa para
decirlo?
El otro fue un caso que involucró, premeditadamente, al
Gral. Manini Ríos cuando era Comandante del Ejército. Allí el Fiscal General
nombró a dedo al fiscal que debería intervenir. En un santiamén, descartó al
Secretario de la Presidencia y algún otro civil de toda responsabilidad en el
caso y apuntó a Manini Ríos, pidiendo su procesamiento. Y misión cumplida,
políticamente.
El Fiscal General, que ahora se rasga
las vestiduras y pide averiguar cuáles son los vínculos políticos de una fiscal
de Carmelo, bien podría empezar por casa, porque su filiación política
frenteamplista es tan notoria que no necesita presentaciones. Es un hombre del Frente
Amplio, partido que se jugó por él para la Fiscalía General, forzando la salida
de quien entonces era su titular, Rafael Ubiría, en un juego político de
traslados, para entronizarlo y adonde llegó para “reinar”, diríamos
metafóricamente hablando.
Algún freno habría que poner a estos
desbordes.
