LA “FORMALIZACIÓN”

          El procesamiento, un tanto curioso, del Intendente de Soriano Guillermo Besozzi tuvo uno de sus varios episodios (¿el último?) cuando la Corte Electoral debió pronunciarse sobre la suspensión de la ciudadanía. Con una paridad de votos alineados políticamente, el rifirrafe jurídico giró en torno a la interpretación de la ya famosa expresión legal “formalización”, multicitada en el CPP, más propiamente en su art. 266/6.

          Descarto de plano que las personas puedan ser “formalizadas”. Con la Rae en mano –metafóricamente hablando- el verbo formalizar en ninguna de sus acepciones se refiere a personas, sino a ideas, propósitos, documentos, actos por realizar.

          El propio Código, con sus errores gramaticales y técnicos, habla reiteradamente de la “formalización de la investigación”, pero nunca de la persona indagada. Más todavía, hurgando en su lectura, se puede advertir más adelante, que el verbo formalizar retoma su sentido natural y obvio, ajeno por completo en su aplicación a las personas indagadas (328 y 339). Entonces, seguir con la muletilla de que tal persona fue “formalizada” es un barbarismo gramatical inaceptable, aun como expansión literaria.

          Quedaría por definir qué pasa con el indagado en la audiencia de formalización de la investigación. La respuesta está dada en el mismo artículo: “la sujeción del imputado al proceso” y el “comienzo del sumario (art. 16 de la C.)”. Y eso se llama auto de procesamiento, a pesar de que la palabra “sumario” luego desaparece en una maraña de audiencias de redacción más o menos coloquial y confusa.

          Es decir, sumario y auto de procesamiento se corresponden en términos de inherencia. Por lo que, sería de buen uso despedir a la “formalización” y en su lugar, poner auto de procesamiento y llamar procesado al sujeto indagado.                                                     

 

 

         

        GLOSAS SOBRE LA PRISIÓN PREVENTIVA

        Nuestro país sigue sin encontrar un ordenamiento legal que concilie razonablemente la prisión preventiva con el principio universal de presunción de inocencia. Más aún, la mala redacción de los artículos que la regulan en el Código del Proceso Penal, ha derivado en una verdadera banalización de su aplicación de todos los días, como veremos en algunos ejemplos que se glosan a continuación.

         Sigue prevaleciendo en jueces y fiscales lo que Carrara llamaba “la manía de cárcel” en su “Inmoralidad de la Prisión Preventiva”. Banalización y manía que han hecho saltar por los aires la presunción de inocencia inherente a la persona humana, prácticamente olvidado.

          Ya es costumbre que esta “terrible medida cautelar” (Andrés Ibáñez) se aplique con razonamientos más o menos tautológicos y repetitivos, que revelan, en sustancia, cierta pereza mental para un abordaje de mayor enjundia que justifique aquella indeseable prevalencia. Un ejemplo clamoroso es el “peligro de fuga”, hoy convertido en un comodín prêt à porter, apto para aplicarla en cualquier circunstancia.

         Pruebas al canto. En un caso reciente se invocaron los siguientes fundamentos: el imputado vive en la frontera seca y puede cruzarla caminando: es muy inteligente y de gran astucia para los negocios, tiene mucho dinero y puede comprar voluntades. Con lo cual se sientan tres principios heroicos: ser inteligente y astuto, vivir en la frontera y tener mucho dinero. Resultado, el tipo se va caminando.

           Un fiscal, opinando sobre un caso que llevaba otro juzgado, dijo campanudamente que si hubiera dependido de él quizá habría aplicado la prisión preventiva porque se dan todos los elementos para interceder en al proceso. Fuera de lo insólito de la injerencia en lo que hizo otro, la afirmación desconoce el alto grado de subjetividad que conlleva la aplicación de la prisión preventiva y que hace intransferibles sus fundamentos.

        Juzgar no es superponer la norma al hecho, porque no es un silogismo. Sus decisiones son obras de la inteligencia y de la voluntad y de una constelación de prejuicios, creencias y pasiones.  Sin querer engolar estas líneas, Couture lo ha explicado con palabras definitivas. Y el proceso penal es un terreno fértil para activar sentimientos indeseables.

          Un procesado obtuvo la prisión domiciliaria, pero un tribunal la revocó invocando una circunstancia totalmente novedosa en el mundo jurídico: el poder de hecho, como opuesto al poder de derecho, que puede tener el agente para entorpecer la investigación desde su domicilio. Decía: “si bien el procesado no cuenta con un poder de derecho…el imputado conserva un poder de hecho que no hace a ningún cargo…”

          Entonces, los procesados vendrían a tener un “poder de derecho” según la posición que ocupen y otro “de hecho”, para entorpecer la investigación desde su domicilio, siendo el primero una aporía insalvable, toda vez que habría un verdadero derecho a entorpecer la investigación en función de ese poder.

           Como podrá advertirse se confunde el derecho del procesado a procurarse toda la prueba legítima a su alcance para “desvirtuar las imputaciones…” (64/d), con un supuesto poder sobre el mundo exterior.

          Daría para mucho más, pero la extensión de ésta ya me agobia, antes de que lo mismo les suceda a quienes la lean.

                                                                              

 

                                 INMUNIDADES DE LOS MINISTROS

          Con un adelanto respetable, la prensa informó que varios altos jerarcas del gobierno deberán comparecer ante la fiscalía competente por el llamado caso Marset. Liquidado por una interpelación parlamentaria y dos investigaciones administrativas, el asunto ya se daba por terminado en sus instancias.

          Pero, una orden personal impartida por el Director de la Fiscalía Dr. Juan Gómez dispuso que se iniciaría una indagatoria preliminar, que es la que motiva la presencia de varios ministros en calidad de indagados. Lo cual supone que deberán concurrir con asistencia letrada. También, la parafernalia televisiva “ad portas”.

          Tengo, en principio, cierta vacilación respecto al fundamento jurídico por el cual la fiscalía puede llamar a declarar a un ministro de Estado. Dando por cierto que mentes más esclarecidas pudieran no tenerla.

          Esto es así porque el art. 178 de la Constitución establece que “Los ministros de Estado gozarán de las misma inmunidades y les alcanzarán las mismas incompatibilidades y prohibiciones que a los Senadores y Representantes en lo que fuere pertinente”. Es decir, inmunidad de opinión e inmunidad de arresto.

 

            En el caso, debiera suponerse que, ante un texto que abruma por su claridad, ningún fiscal podría interrogar a un ministro de Estado por los juicios y opiniones que hubieren vertido en el ejercicio de sus funciones. Quien lo intentara, podría recibir una respuesta contundente que llenaría de perplejidad la sala: “yo tengo inmunidad de opinión y las que he emitido sobre el caso Marset están fuera de todo contralor jurisdiccional o de averiguación fiscal”.

          Coloquialmente, podríamos decir entonces, que el intento de ponerlos en la parrilla habría fracasado por impertine

 

 

DE ENCUENSTAS Y POLITÓLOGOS

                     Hay veces que resulta difícil juzgar la imparcialidad que, en rigor de emblemático en verdad, debieran lucir las encuestas y los inevitables comentarios que les endosan los politólogos y los comentaristas de lo general. El caso Astesiano es ese sentido, no obstante irse desvaneciendo con el paso del tiempo, reducido a un tema policial cuyas consecuencias pueden convertirse en un verdadero bumerán.

           Viene ahora la segunda parte: los politólogos están aplicando toda su ciencia para determinar por qué el caso Astesiano no melló la aprobación que el presidente Lacalle Pou recibe de la población, superando el promedio que los presidentes anteriores tenían en la mitad del período de gobierno. Es entonces cuando aparecen las interpretaciones más cavilosas, todas de imposible probanza, a cuyo vaivén se pierden los mínimos de sensatez exigibles, justamente en quienes suelen presentarse como expertos en la materia.

          Y digo de imposible probanza porque el resultado de una encuesta se expresa en números. Cosa distinta es pretender interpretar esos números en función supuestas intenciones de las personas consultadas, tarea vana por el prejuzgamiento antojadizo que conlleva y engañosa en sus resultados. Sería la interpretación desmereciendo a la ciencia.

          En el caso que comento tuvo que aparecer una encuesta novedosa y extraña realizada por una empresa de conocida afinidad con el FA, referida al grado de confianza que merece en la población el presidente Lacalle Pou. Ya no es la aprobación de su gestión, sino la confianza, maniobra burda por la falsedad intrínseca que supone, toda vez que, psicológicamente hablando, la aprobación es una indubitable expresión de confianza. Porque primero se confía, luego se aprueba.

         Del disparatorio habitual con que la oposición pretende desmerecer al presidente Lacalle Pou, este de “la confianza” bien merecería la calificación premiun de los últimos días.

OPOSICIÓN Y FARÁNDULA

              La farándula frenteamplista sigue echando leña a la hoguera en su propósito perverso de acosar al gobierno de Lacalle Pou, aún a riesgo de alterar la vida del país, con sus huelgas y paros perfectamente programados por el Partido Comunista. Como en el mensaje bíblico de la “zarza ardiendo” que nunca se apagaba, acá todo sirve para avivar la llama, nada se desperdicia. Cualquier hecho, norma, circunstancia o comentario que emane del Poder Ejecutivo, en particular del presidente Lacalle Pou, desata una catarata de acusaciones e interpretaciones maliciosas.

          En otras palabras, para esta gente el gobierno de Lacalle Pou es una especie de desgracia nacional y como tal, todo vale para combatirla. Una miseria como nunca se había visto en el país, incluyendo los 15 años en que gobernaron prácticamente sin oposición. En ese designio perverso afloran a diario la mentira, la calumnia, la descalificación y hasta la burla. El odio y la iracundia en la expresión verbal son fiel reflejo de un estado de ánimo alterado por una derrota que no terminan de aceptar en términos democráticos.

          Por eso hay que mentir, mentir siempre, porque la mentira cala hondo en la credulidad popular y eso sirve para denigrar a la gente honrada, práctica comunista de vieja data, bien visible hoy día en la verborragia cotidiana de los dirigentes que integran la oligarquía sindical que organiza a diario todo tipo de huelgas y paros generales. Después de todo y en buen romance, al país que lo parta un rayo si eso sirve como lanzadera para llegar al gobierno.

          A este proceder la izquierda le llama oposición y quizá lo sea. Pero una oposición pérfida, consciente de su sinrazón, que invoca la pobreza –la de los demás, por supuesto- como consigna para utilizar en su provecho a las mismas masas que dice defender, con sus marchas diarias y su vocinglería ante la Torre Ejecutiva. Es oposición y farándula al mismo tiempo, pintura grotesca de un estilo que no agrega nada a la conocida monserga comunista.

          Ante este asedio inmerecido, se yergue serena la figura del presidente Lacalle Pou. Dedicado en cuerpo y alma a su tarea gubernativa, dinámico, recorriendo el país, en contacto directo con la gente y siempre abierto al diálogo, merece el reconocimiento y la confianza que el pueblo, mayoritariamente, depositó en él.

FISCAL GENERAL EN BUSCA DE UN DELITO

 

    Una reciente información de prensa daba cuenta que el Fiscal General Dr. Juan Gómez había decidido enviar al Fiscal correspondiente –sin saber cuál- la versión taquigráfica de la interpelación que se realizó en el senado a los ministros Heber y Bustillo a propósito del caso del pasaporte a Marset. Invocó la “transparencia”  “y las repercusiones internas y externas que justifican con amplitud la investigación que se pretende”. Es decir, el Fiscal General, por su cuenta, toma cartas en un asunto que había sido tratado durante horas en el Senado, prácticamente sin consecuencias

          Creo que Sr. Fiscal se ha metido en camisa de once varas desde el punto de vista jurídico, incursionando en un terreno ajeno a la superioridad de su cargo. En primer término, porque al Fiscal General no le corresponde provocar la intervención de un fiscal determinado para que actúe de oficio en un caso concreto,   porque ello equivale, ni más ni menos, que a sustituirlo en su “leal saber y entender”.

           Esto es así porque la decisión de intervenir o no hacerlo es un fenómeno psicológicamente puro que se da en la intimidad de la conciencia del agente y no debe ser inducido desde afuera sin riesgo de menoscabar su libertad en ese orden, constitucionalmente protegida. Incluso la sentencia es lo que el juez ha “sentido” según la etimología que Couture encontraba para esta palabra, lo cual alude a la parte anímica de su contenido.

           Particularmente, cuando la indagatoria preliminar –como en este caso- carece de indicios que hagan verosímil la existencia de un hecho presuntamente delictivo, tanto que para encontrarlos el fiscal a designar debe leerse la versión taquigráfica de una interpelación que duró 7 horas.

         Esta decisión del Fiscal General orbita en torno de un proceder llamado “inquisitio generalis”, aborrecido por el derecho penal y que consiste en hurgar en un aspecto de la vida de una persona o la actuación de un funcionario hasta encontrar indicios que apunten a la comisión de un delito. Los americanos, con acierto, le llaman “phishing” por su similitud con la pesca.

          En concreto, el Fiscal General no sabe si hay indicios de la comisión de un delito y como no lo sabe, ordena que le pasen a un fiscal cuya competencia también ignora, la versión taquigráfica de una sesión del senado, sin decir para qué. Un proceder que solo de pensarlo eriza la piel.

          Sus fundamentos discurren por la misma senda de la improvisación: bregar por la “mayor transparencia” y las “repercusiones internas y externas” del caso, ni siquiera válidos como expansión literaria. Con lo cual nos quedamos sin saber a qué se refiere, cuando todavía no existe jurídicamente ni la sospecha de la comisión de un delito. La incógnita recién se despejará cuando el fiscal asignado termine de leer una versión taquigráfica de varias decenas de páginas, si no se queda sin aliento por la mitad del camino.     

 ENCUESTAS Y MAYORÍA ABSOLUTA

        Estoy advirtiendo que las encuestas sobre la intención de voto que publican las empresas especializadas están omitiendo, quizá por inadvertencia o descuido, un concepto fundamental para predecir el resultado final de esta consulta. Y es que para que la propuesta de derogar los 135 artículos de la ley de urgente consideración se requiere que el “Sí” supere la mayoría absoluta de votos válidos emitidos, tal como lo dispone el art. 43 de la ley 16.017 del 20 de enero de 1989.

          Es decir y para ser más preciso, se suman los votos válidos emitidos a favor del “Sí” y a favor del “No”, a los cuales se agregarán los votos en blanco. De ese total definitivo, la opción por el “Sí” debiera superar la mitad para que el resultado del referéndum se considere derogatorio de la LUC.

          Dicho textualmente: “Efectuado el escrutinio, la Corte Electoral proclamará el resultado. Se considerará que el Cuerpo Electoral ha hecho lugar al recurso cuando sufraguen por SI más de la mitad de los votantes cuyo voto sea considerado válido” (art. 43).      

          En consecuencia, de poco sirven las encuestas que dan determinadas cifras a favor del “Sí”, si de ellas surge claramente, en su proyección, que no llegarán a ese mínimo exigido por la ley y al cual muy pocas consultas anteriores han llegado, concretamente cuando se pretendió derogar la llamada Ley de Caducidad.

          Por lo dicho, entiendo que las empresas encuestadoras debieran hacer en sus números y en sus conclusiones, una mención a esta exigencia de una mayoría absoluta, que juzgo insoslayable, para que el lector tenga una idea cierta de cual será resultado de las urnas.

                      UN PRESIDENTE QUE HONRA AL PAÍS

          Quiero referirme al verdadero suceso que fue la visita del presidente Lacalle Pou al Reino Unido, invitado especialmente por el primer ministro Boris Jonhson. En el orden formal, nuestro presidente lució su prestancia habitual, es decir, aplomo y seguridad en sí mismo y su natural sencillez ante los ritos del protocolo, sin perder de vista el objetivo principal de su visita en el orden comercial. Fue un placer verlo conversar fluidamente en inglés con el primer ministro, como así también ante los distintos auditorios donde se presentó.

          Es que así funcionan las relaciones internacionales entre jefes de gobierno y de estado por requerimiento casi imperativo de la importancia de asuntos que la globalización pone en carpeta todos los días y que empieza, obviamente, por hablar en un mismo idioma. Y en lo principal, el presidente apuntó sin ambages a la apertura comercial del Uruguay al mundo, desechando esos remilgos más o menos nacionalistas que tanto obstan al crecimiento de nuestra región.

          Volvió con esperanzas, quizá ilusiones también, de que su visita al Reino Unido producirá en corto plazo buenos resultados para el desarrollo del país, que es, en suma, el bienestar de su población. Y que demuestra cuánto puede conseguirse cuando un presidente decidido y bien informado sale al exterior en estas circunstancias.

          Por todo ello es que puede decirse con orgullo que el presidente Lacalle Pou ha honrado a todos los ciudadanos, incluidos aquellos que les escuece el alma oírlo hablar en inglés, algo desconocido en los últimos tiempos por quienes pusieron en su blasón la mediocridad como signo distintivo de su ideología populista.

¡ADMIRABLE!

           Si tuviera que expresarlo en sentido figurado, diría que Luis Lacalle Pou le cambió la faz a la presidencia de la república, realidad absolutamente incontrovertible por su notoriedad. Es que el país asistió repentinamente a un cambio abrupto y casi desconocido en el ejercicio de la primera magistratura. Hoy tenemos a un hombre joven, dinámico, estudioso y bien informado, de expresión fluida y segura, entregado enteramente a su función, para cuyo cumplimiento no existen horarios y en contacto permanente con la población.

                    Todo lo cual contrasta notoriamente con el pasado reciente que, refugiado en sus mayorías parlamentarias absolutas que todo lo consentían, generó un producto sin destellos, apenas visible una vez por semana y sin contacto alguno con los medios informativos. Y donde el hoy habitual “pregunten” de Lacalle Pou a la prensa hubiera resultado una profanación del silencio reinante en la Torre Ejecutiva.

          Pero la cualidad más distintiva de la personalidad del presidente Lacalle Pou es la calma que exhibe en sus expresiones públicas, cualesquiera sean los temas o las circunstancias en que las pronuncia. Esa tranquilidad de ánimo es una rara virtud en política, allí donde la salida de tono, el exabrupto y la descalificación del adversario suelen ser recursos de uso cotidiano y hasta festejados cuando la grosería asoma.

          En la antítesis de la demagogia, Lacalle Pou persuade cuando habla por la forma respetuosa e inteligente con que se expresa, desandando el viejo camino de la complacencia con los que más gritan y de quienes, invocando las consabidas “políticas sociales”, encontraban en el “compañerismo” de causa las respuestas generosas a sus demandas.

          Por ello, entre otras cosas, el presidente Lacalle Pou recibe hoy la adhesión sostenida de la mayoría de la población en las encuestas de todo tipo que se realizaron este fin de año, incluso con resonancia internacional, a despecho de la oposición pérfida e irracional del sindicalismo comunista desatado, que no vacila en recurrir a las peores armas contra la población si ello sirve para acosar al gobierno en sus intentos por desestabilizarlo. La actitud del presidente en este sentido –serenidad y firmeza- es digna de 

UN AMPARO PARA LA VERGÜENZA

            Un extravagante proceso de amparo a cargo de un juez de Feria, ha culminado con una sentencia de corte autoritario, más que estrictamente judicial. Desbrozando un popurrí de infamias procesales, quiero referirme en particular al inexcusable apartamiento de un principio legal estampado a fuego en los códigos de procedimiento.

          El Amparo es una acción –no un recurso- y como toda acción, se canaliza a través de una demanda que culmina con una petición, exigencia de cumplimiento ineludible.  “La petición será concebida en términos claros y positivos”, decía el 284,5º del Código de Procedimiento Civil, vigente al momento de la sanción de la ley 16.011 de 1985. Y el actual General del Proceso repite lo mismo: “El petitorio, formulado con toda precisión”.

          Pero resulta que el promotor del amparo, que es abogado, omitió incluir al final de su demanda el capítulo que la ley denomina “Petitorio”, que es en sustancia, qué cosa concreta se le pide al juez en la presentación. De ahí la severidad y firmeza de los textos transcriptos, cuyo cumplimiento no puede deducirse por mera inferencia o declaración verbal de intenciones por quien promueve la demanda.

          Si bien es cierto que dicha ley permite que el juez subsane de oficio los vicios formales de la demanda, la omisión del caso no puede darse por saneada recurriendo “al espíritu de la solicitud”, como dijo su señoría, en una interpretación heroica, “pro domo sua”, casi de validez apodíctica. Porque ni el espíritu de la ley ni el espíritu de la demanda pueden prevalecer sobre la claridad de los textos.

          Fue así que en un periquete el juez liquidó el argumento de la defensa del Gobierno, en un caso que iba a tener, de seguro, graves repercusiones, a tal punto, que traspasó las fronteras patrias para mayor vergüenza de todos.

FORMALIZACIÓN Y AUTO DE PROCESAMIENTO

 Por el Dr. Jorge W. Álvarez

          Quisiera referirme, lo más brevemente posible, al uso constante, ya arraigado en los medios de difusión y también profesionales del verbo “formalizar”. Como se verá seguidamente, se trata de un grueso error gramatical que, en algún momento debiera empezar a corregirse en honor al uso correcto del idioma español. Así, oímos y vemos a diario que tal o cual persona fue “formalizada” por la Justicia, imputada de determinado delito. Y esto no es así, aunque se repita, ya en los lindes de la fatiga mental.

          Se trata de un profundo error porque las personas, es decir, los seres humanos, no pueden ser formalizadas por más empeño que se pusiera en ello. En si única acepción, el verbo formalizar significa tanto como concretar, realizar, dar estructura formal a algo que no la tiene. Por ello, formalizar a una personas resulta un verdadero imposible, una contradicción en los términos, una aporía de cuya irracionalidad no se podría salir.

          El barbarismo lo introdujo el Código del Proceso Penal, cuya técnica jurídica, así como su redacción, precisamente, no seducen por el esmero en su concepción. Tratando de simplificar al máximo para facilitar su comprensión, comenzaremos por decir que una vez que el fiscal ha concluido la indagatoria preliminar, reunida ya la semiplena prueba del hecho y de su autor, debe pedir al juez competente que convoque a la “audiencia de formalización de la investigación”.

          Esto es lo que proclaman sin excepción los arts. 45 g), 261, 264, 265, 273-1 y 393 de dicho Código: se formaliza la investigación, nunca las personas. Pero el art. 266.6 –mal copiado del código chileno- que regula el desarrollo de la audiencia de formalización, omitió toda referencia al procesamiento del imputado, que es lo que correspondía en rigor de derecho con la semiplena prueba a la vista. La posibilidad de dictar medidas cautelares, la eventual suspensión de la ciudadanía y el comienzo del sumario presupone necesariamente la existencia de un auto un procesamiento.  Por contraste, a la memoria viene la impecable definición del art. 125 del Código anterior. Más impropio se perfila el uso del verbo “formalizar” cuando justamente el mismo Código se encarga más adelante de rectificarlo por dos veces, en los arts. 328 y 339, devolviéndolo a su verdadera y original acepción.

          En suma, la audiencia de formalización de la investigación es la presentación, con los requisitos del caso, de la semiplena prueba reunida por la fiscalía para que el juez pueda dictar el correspondiente auto de procesamiento. Es, en otras palabras, el elemento formal que legitima la investigación para que la Justicia inicie el proceso penal, con todas sus consecuencias y posibilidades de conclusión.    

 

                            DESAFUERO Y CIRCO EN EL SENADO

   Todo resultó muy previsible en la sesión del Senado que trató el tema del desafuero del Gral. Manini Ríos. Y así quedaron bien delineadas desde un principio dos posiciones divergentes: una, la sostenida por la bancada del Partido Nacional, ajustada estrictamente al sentido natural y obvio que el tema  exigía, esto es, su tratamiento jurídico, más concretamente, constitucional.

      Por otro lado, la posición del Frente Amplio, definida de antemano apenas el tema de la suspensión de los fueros del senador Manini fue solicitada por el fiscal del caso: votar a favor del levantamiento, sin entrar en consideraciones jurídicas. Y allí comenzaba el “relato”, que se mantuvo, con las incoherencias del caso, durante toda la extensa sesión del Senado.

      ¿Y en qué consistía el relato? Pues, en asociar al senador Manini  con la violación de los derechos humanos. Nada que ver con el tema de fondo ni tampoco con la verdad, pero la ocasión se presentaba propicia para involucrarlo y figurar, como de costumbre, como los grandes defensores de los derechos humanos en este país. Como sucede con la pobreza.

     A la contundente argumentación jurídica de los senadores nacionalistas y a la narración auténtica y veraz del senador Manini, le puso broche de oro el senador Julio M. Sanguinetti, con un discurso de abrumadora enjundia constitucional, al estilo de los grandes parlamentarios de otrora, por supuesto, sin leer ningún papelito. Y asunto cerrado en el orden jurídico.

    En el lado opuesto, los senadores frentistas, totalmente fuera del tema, descargaron toda su artillería panfletaria, sin olvidar el insulto, para acentuar el “relato”: desafuero o impunidad fue la consigna, que cerró, con su habitual sentido destructivo, el senador Mujica, grandilocuente  y cursi, con invocación a la posteridad y todo lo demás. En fin, un espectáculo para la tristeza.

    Mientras tanto afuera, un centenar de familiares, ya convertidos en un apéndice del Frente Amplio y olvidados de su razón de ser, cumplían sin grandeza su rutina infecunda, sin arribar a ningún puerto.

      

                        EL FISCAL GENERAL Y SUS ATRIBUCIONES

               Como algo muy censurable debiera verse la decisión del Fiscal General de la Nación Dr. Jorge Díaz de iniciar una investigación administrativa respecto de un dictamen producido por la Fiscal de Carmelo, en una causa que involucraba al ex intendente Dr. Carlos Moreira. La cual terminará, obvio sería decirlo, tipificando irregularidades que ameritan la iniciación de un sumario a dicha funcionaria. Porque si así no fuera, ¿para qué la dispuso? ¿Para que termine con un archivo? Los  precedentes abonan esta conclusión.

       El Fiscal General no se para en mientes cuando quiere intervenir   en algún caso concreto: envía audios o publicaciones a determinadas fiscalías para que actúen de oficio, investiguen y pidan los procesamientos del caso, sustituyéndose indebidamente a la percepción del fiscal competente, la cual por ser personal, es insustituible e integra su libertad para opinar.

       Porque el fiscal que no actúa de oficio es porque su “conciencia moral” –al decir constitucional- no se lo pide. Entonces, el silencio ante un caso concreto es parte de esa libertad de conciencia que la ley le reconoce  como garantía suprema de un pronunciamiento justo e incontaminado. Tomarlo como una omisión que merece el alerta del superior es no haber entendido el significado cabal de dicha libertad.

       Hubo dos casos emblemáticos donde la injerencia del Fiscal General apareció nítida, bien perfilada. Una fue en el caso Sendic, abrumado por denuncias de corrupción de todo tipo. Allí nombró a un fiscal sustituto quien, en un periquete, le puso fin a la investigación, tipificándole a Sendic un delito inocuo, que no le significó ningún perjuicio. Y hasta organizó una insólita conferencia de prensa para justificar su actuar ajeno a toda presión exterior. Y si fue así, ¿por qué citó a la prensa para decirlo?

       El otro fue un  caso que involucró, premeditadamente, al Gral. Manini Ríos cuando era Comandante del Ejército. Allí el Fiscal General nombró a dedo al fiscal que debería intervenir. En un santiamén, descartó al Secretario de la Presidencia y algún otro civil de toda responsabilidad en el caso y apuntó a Manini Ríos, pidiendo su procesamiento. Y misión cumplida, políticamente.

       El Fiscal General, que ahora se rasga las vestiduras y pide averiguar cuáles son los vínculos políticos de una fiscal de Carmelo, bien podría empezar por casa, porque su filiación política frenteamplista es tan notoria que no necesita  presentaciones. Es un hombre del Frente Amplio, partido que se jugó por él para la Fiscalía General, forzando la salida de quien entonces era su titular, Rafael Ubiría, en un juego político de traslados, para entronizarlo y adonde llegó para “reinar”, diríamos metafóricamente hablando.

       Algún freno habría que poner a estos desbordes.

                                     LOS CIEN DIAS Y ALGO MÁS

          

          Con motivo de los 100 primeros días del gobierno de Lacalle Pou, medios y opinión pública han coincidido en la aprobación de su gestión, particularizando la misma en la contención del virus covid-19, a todas luces exitosa. Pero hay un aspecto poco comentado de esa gestión, al cual quiero referirme seguidamente.

          Es lo que bien podría llamarse el “estilo” de este gobierno, si lo contraponemos a lo que ya todos conocíamos desde hace 15 años y que se refleja espectacularmente en ese edificio que ha dado en llamarse la Torre Ejecutiva. Hay allí ahora un emporio de vida y acción y de entrega total a la función de gobierno, con un presidente que no cuenta las horas y un gabinete que le sigue el paso.

          Por eso, la prensa en todas sus expresiones se congrega diariamente en ella, porque el bullir de la acción se desparrama en noticias a comunicar, ya con la palabra del presidente, ya con la de los ministros y altos funcionarios.

          Un contraste inevitable con el estilo de los gobiernos anteriores cuando el dicho edificio lucía penumbroso, tal como si el paso infrecuente del hombre fuera la causa de su opacidad. Es decir, sin vida. El Dr. Tabaré Vázquez reunía los lunes al Consejo de Ministros, convertido ya en una rutina de gobierno sin destellos de creatividad. Y ni pensar en una conferencia de prensa abierta a las preguntas de los presentes,  la cual rehuyó sistemáticamente. Menos aún si nos retrotraemos al gobierno de José Mujica.

          Luis Lacalle Pou trajo un estilo de gobierno frontal, lúcido y de puertas abiertas, siempre dispuesto a comunicar a la población los asuntos que más le conciernen y le interesan. Y la ronda de preguntas es el coronamiento de una transparencia que no sólo está en la acción, sino también en la intención. De ahí el “pregunten” que dirige a los periodistas presentes, desconocido en los últimos 15 años y que tiene sin sosiego a la oposición del Frente Amplio.

                                       

EL FRENTE AMPLIO A LA DERIVA

                                           

       El martes 28 de abril comenzó en el Senado el estudio del proyecto de ley de urgente consideración enviado por el Poder Ejecutivo. Y el espectáculo que dio el Frente Amplio, debutando en su papel de oposición fue lo suficientemente deslucido como para juzgarlo penoso. Desubicado, sin haber asumido su posición de minoría, sus argumentos bascularon, como siempre, entre la descalificación del adversario y la insustancialidad jurídica, acostumbrado como estaba a que la aplanadora de la mayoría absoluta le dispensaba de mayores esfuerzos.

      Así fue que cada senador leyó su papelito, sin alma ni convicción, porque lo que importaba era caerle al proyecto de urgente consideración con toda clase de presagios ominosos sobre su constitucionalidad, justamente quienes se habían burlado de ella en innumerables ocasiones. Unos breves envíos de los senadores de la coalición gobernante a una lectura correcta de la Constitución, bastaron para dejarles sin armas en el orden jurídico, allí donde  el intento de eliminar el carácter de urgente consideración claudicaba irremediablemente.

      La soberbia de otrora, dejaba paso a la resignación y al desánimo. Y el Frente Amplio que antes todo lo podía, seguía sin asimilar su derrota ni encontrar su exacta ubicación de minoría en el escenario político del país. Una verdadera pena, que lo desmerece ante una opinión pública que hoy se agrupa entusiastamente detrás de un elenco de gobierno juvenil y dinámico, creador y transparente.

  

              

                            

  

                         

     

PRISION PREVENTIVA POR VIVIR EN LA FRONTERA

                 PRISIÓN PREVENTIVA POR VIVIR EN LA FRONTERA
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       Recientes informaciones de prensa dieron cuenta del fallo de un tribunal de  apelaciones por el cual se disponía la entrada en prisión preventiva de dos personas que habían sido procesadas con prisión domiciliaria por el juez de la causa. Los fundamentos, breves por cierto, aducidos por el tribunal para sacarlos de sus domicilios y encarcelarlos, sorprende por su liviandad, ausente toda noción de rigor jurídico, nada menos cuando éste debe tener la solidez de la roca al tratarse  de la libertad del hombre. Veámoslo a renglón seguido.

          Refiriéndose al riesgo de fuga de los dos procesados, el tribunal señala que viviendo en Carmelo, cualquier ciudadano uruguayo puede cruzar fácilmente a territorio argentino, que está a una distancia de solo dos kilómetros, realidad que los imputados conocen por vivir en la zona. Francamente, el argumento es para caerse de espaldas porque significa literalmente que las personas que habitan en las zonas fronterizas del país, allí donde el cruce podría realizarse simplemente caminando, debieran procesarse, en su caso, con prisión preventiva porque el riesgo de fuga está al alcance de la mano. Es tanto como estigmatizar con el sambenito de la vecindad fronteriza a las personas que viven en ella.

          El argumento desconoce sin disculpa posible que el riesgo de fuga pertenece al mundo de las intenciones y no depende de circunstancias ajenas a esa intimidad. La mera “disposición de facilidades extraordinarias para abandonar el país”, como con error dice el Código del Proceso Penal, no abona ninguna presunción de fuga, toda vez que la intención del agente es un fenómeno psicológicamente,puro, inescrutable por una simple circunstancia del mundo exterior, como es vivir a dos pasos de la frontera. Incluso, disponiendo de aquellas facilidades pudiera no tener la menor intención de fugarse ni interés alguno en hacerlo, como se daba en el caso ocurrente.

          El otro argumento para fundamentar la prisión preventiva también raya en la frivolidad: pendiente la declaración  de otros trabajadores de la estancia, compañeros de los dos imputados, éstos podrían obligarlos a declarar de determinada manera, con lo cual estarían obstaculizando la investigación. Es decir, el tribunal prejuzga intenciones, porque en rigor de verdad, como ya lo  vimos, no podría saber si esa presunción existe o no en la intimidad de la conciencia de los imputados, ausentes conductas anteriores que indujeran a ello. Como antes la vecindad, ahora el compañerismo inducen al tribunal a meter en la cárcel a los procesados.

          Más que estupor, a uno se le aflojan las piernas cuando ve que la libertad del hombre, en casos como el ocurrente, es conculcada con argumentos tan insustanciales en el orden jurídico, justo allí donde la presunción de inocencia, siempre olvidada, debiera prevalecer sobre meras conjeturas de imposible probanza.

                   

                        

         

         

                               EL FRENTE AMPLIO Y MANINI RÍOS

           Ante la inminencia del triunfo de Lacalle Pou en el balotaje, el Frente Amplio ha entrado en pánico y con Mujica al comando, empezó a disparar munición gruesa, sustentada en la mentira y la difamación, siguiendo la vieja táctica nazi-comunista al uso. Y uno de los blancos elegidos ha sido el  Gral. Guido Manini Ríos. A este respecto, entiendo oportuno y conveniente recordar quiénes fueron los que encumbraron y lanzaron a Manini a la expectación pública, convertido hoy en un líder político de proyecciones incalculables.

         En efecto y restituyendo la verdad histórica, podría decirse que Manini Ríos es un producto esencialmente frentista, nacido del mismo riñón tupamaro. Fue el entonces presidente Mujica quien lo designó Comandante del Ejército el 1 de febrero de 2015 a propuesta de su ministro de Defensa Fernández Huidobro, cargo que asumíó en la plaza de armas en presencia de su gabinete, del presidente electo Tabaré Vázquez y legisladores del Frente Amplio.

         Manini continuó en el cargo luego de asumir Tabaré Vázquez la presidencia, hasta marzo de este 2019, completando un ciclo de cuatro años en el comando del Ejército, durante el cual ejerció un fuerte y reconocido liderazgo, bien visto en su momento por el propio gobierno del Frente Amplio. Hombre de confianza del ministro Fernández Huidobro, pronunció una oración fúnebre en el sepelio de éste en términos laudatorios, reveladores de la empatía que había entre ellos.

          Ahora resulta que Manini Ríos es nazi, fascista, de ultraderecha y demás calificativos que la izquierda embalsamada pone en circulación cuando se siente acorralada, a falta de ideas claras con las que ganarse el favor popular. Es el manual “goebbesliano” que manda mentir repetidamente porque siempre algo queda de la mentira. Es el alcaloide de la moral política, allí donde la hipocresía se tiene como la flor más preciada para quienes la cultivan y viven de sus resultados. Con Mujica a  la cabeza, proclamando aquello de que lo político está por encima de lo jurídico.

          No obstante, la respuesta del pueblo ha sido contundente: el Gral. Manini Ríos fue honrado por la ciudadanía con 260.000 votos. Suficiente contención para disuadir cualquier intento de repetir la ignominia cuando los hechos expresan más que las palabras.

                                                 

                                   

                              VENEZUELA ES ESTO

                              (Venezuela tal cual es)

          Venezuela ya no es noticia. Salvo por la eterna apelación al diálogo por aquí y por allá, desapareció de la tapa de los diarios y de las portadas de los noticiarios de radio y televisión. Guaidó, que antes convocaba multitudes, solo reúne a un centenar de personas a su alrededor en sus salidas públicas. Y  la reciente visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas Michelle Bachelet y su lapidario informe sobre torturas, muertes y desapariciones forzadas, no modificó un ápice el estado actual de cosas.

          ¿Qué ha pasado, entonces, para que, lenta, pero seguramente, el ambiente se sosegara y volviera todo a la normalidad? Porque lo que ha pasado es eso, la vuelta a la normalidad ya que, bien vistas las cosas, en Venezuela nunca pasa nada en orden al sistema político allí vigente y lo que es peor, nada pasará en el futuro, porque está diseñado con vocación de eternidad, a imagen y semejanza de su “alma mater” cubana.  Es decir, para que no cambie nunca.

          Como en muchos órdenes de la vida, a veces es bueno recurrir a las fuentes y éstas en el caso presente nos conducen directa e inequívocamente a Cuba. Porque allí  fue concebido el actual régimen a la muerte de Hugo Chávez, con indicación precisa de quien sería su sucesor, es decir, Nicolás Maduro. Diseñado  en Cuba y desarrollado por cubanos, que en número de veinte mil operan el sistema, aportando una experiencia de más de sesenta años en servicios de inteligencia, represión  y sometimiento del pueblo mediante los diversos mecanismo que el poder absoluto pone en manos de los dictadores, cualquiera sea su signo. Porque los dictadores, como el fascismo, no son de izquierda ni de derecha.

          Precisamente, por su hechura cubana, el régimen venezolano no es una mera aventura política, sino la concreción  de la proclama castrista de 1989, “socialismo o muerte, marxismo-leninismo o muerte” y por ello no admite períodos de intermitencia ni retrocesos que pudieran alterar la hermeticidad del sistema ni su destino manifiesto de durar 100 años, tal como augurara su líder, ya difunto. Es decir, el comunismo, para el caso venezolano llamado socialismo del siglo XXI según la denominación del mexicano-alemán que la inventó, aunque luego se demostrara su total falsedad.

          La mitología cubana, como todas las dictaduras, también tiene sus faunos, sus sirenas y sus centauros, bien visible en el vocabulario que debe repetirse a diario, tal como si fuera un mantra que acompaña las oraciones revolucionarias castristas,  hasta que el pueblo sometido lo tenga por verdad absoluta. El “imperio”, la “derecha”, la “oligarquía”, la “revolución”, el “pueblo”, la “injerencia”, la “soberanía”, los “gringos”, etc., son parte del objetivo contra el cual se debe disparar para mantener la coherencia del discurso,  cuya sola invocación todo lo justifica.

          La construcción nacional, es decir, “socialismo o muerte”, pasa por los secuestros, las torturas, las desapariciones, la violación de domicilios, la justicia corrompida a su servicio y las muertes sin límites cuando sean necesarias. Es el sistema funcionando normalmente y nada podrá detenerlo. Su designio es un camino en línea recta que no admite sinuosidades ni desvíos. Por ello, hablar de la “crisis venezolana” es un profundo error de comprensión de lo qué es el régimen allí imperante.

          Los diversos padecimientos de la población, como así también la hiperinflación que todo lo devora y el avasallamiento de los derechos humanos, forman parte del sistema, que deberá culminar con el acostumbramiento del pueblo. Allí donde las democracias ven disfuncionalidad, el régimen encuentra su andadura para consolidarse. Donde aquéllas ven crisis, éste ve normalidad.

          Con los parapoliciales en las calles disparando a matar, el pueblo terminará asustándose de sí mismo y el camino para la eternización quedará despejado, aunque el “diálogo”  pasee su impostura por las cumbres internacionales pretendiendo alcanzar el horizonte. Nunca se llega.

    

URUGUAY ANTE EL CASO VENEZUELA

                                     

           El simplismo de los argumentos con los que el gobierno uruguayo pretende justificar su firme adhesión al régimen del dictador Nicolás Maduro basculan entre la ignorancia y la ridiculez, aunque en su conjunto no dejan de tener cierta amenidad, que alivia el impacto inicial de estos malabarismos retóricos, cuyo trasfondo misterioso aún sigue sin desvelarse.

          Imposible no esbozar una sonrisa cuando oímos al canciller Nin Novoa afirmar que “la presidencia de Guaidó era más ilegítima que la de Maduro”, con lo cual enteraba a los cancilleres reunidos en Montevideo que la ilegitimidad es una cuestión de grados: las cosas pueden ser más o menos ilegítimas, variante antidemocrática de la diplomacia uruguaya de aquella otra que decía que “lo político está por encima de lo jurídico”.                Recientemente, el mismo canciller se despachaba con esta afirmación para el asombro: “si nosotros decimos que Venezuela es una dictadura, ¿qué cambia para los venezolanos? Absolutamente nada”. Es el jefe de la diplomacia uruguaya que dice estas cosas, la misma diplomacia que, en un hecho inédito, llevó al subsecretario a levantarse de la silla de Uruguay en una sesión de la OEA, en solidaridad con el dictador chavista, degradando su discrepancia al nivel del enojo infantil: “me voy y no vengo más”. La afirmación del canciller es tan simplista que cuesta refutarla porque hace depender de un calificativo una supuesta ayuda al pueblo venezolano. Ante las atrocidades del dictador comunista, ¡cuidado con las palabras!          
          Con el mismo criterio,  podríamos seguir y entonces preguntarnos en qué cambian las cosas para los venezolanos diciendo que hay presos políticos y también torturas, vejaciones y asesinatos, después de lo cual, callándolo todo, el gobierno uruguayo podría decir “lo que  pasa aquí no es tan grave” y todo se soluciona con el diálogo – ¡el famoso “diálogo”!- que es en rigor lo que quisiera expresarle al mundo para justificar su ignominiosa adhesión al régimen.          
          Sin embargo, es el mismo canciller que decía muy suelto de cuerpo  refiriéndose a un posible triunfo de Bolsonaro en Brasil, que “esperaba que las encuestas le erren como han venido haciendo en el último tiempo”. Allí fue más allá del mero calificativo, metiéndose de lleno en un asunto interno del Brasil,  desatino diplomático –entre otros- cuyas consecuencias para Uruguay todavía se notan, algo disimuladas por la hipocresía  propia de los tratamientos protocolares.          
          Por su lado, el presidente de la República, en una de sus raras declaraciones públicas, siempre pautadas por el desacierto, refiriéndose al caso venezolano expresaba: “Venezuela es un problema para toda la región, es un problema real y es un problema que tienen que resolver los venezolanos”. Otra vez la lógica salta por los aires. Porque si el problema es real y toda la región se ve  afectada por él, la consecuencia natural es que  la región se involucre para hallarle una solución y no dejarlo librado a lo que hagan los venezolanos, sometidos y controlados por el dictador, por otra parte. Es el típico error de falsa oposición, bien descripto por Vaz Ferreira en su Lógica Viva, porque lo que puedan hacer los venezolanos no excluye lo que pudiera hacer la región, en cuanto todos apuntan a obtener un mismo resultado.          
         Finalmente, el ministro Astori, desoyendo la voz oficial del gobierno proclamando sin parpadear que no debemos decir que en Venezuela hay una dictadura, expresó casi desafiante: “lo de Venezuela es una dictadura y una dictadura tremenda con impactos humanitarios muy graves”. Es decir, que Astori, integrante del mismo gobierno, se sale por peteneras y no solo dice a viva voz que en Venezuela hay una  dictadura, sino que le agrega “tremenda” para darle más contundencia a su afirmación. Y esto no es cosa menor, es el gabinete –verdadero gobierno uruguayo- el que se resquebraja ante una realidad que abruma con sus evidencias.          

           En fin, son las piruetas que el gobierno cívico-sindical uruguayo debe hacer para tratar de justificar su posición en solitario ante el consenso internacional que condena sin ambages la dictadura chavista de Nicolás Maduro, rotundamente puesta de manifiesto en el informe lapidario de Michelle Bachelet sobre la situación en Venezuela. Una actitud política envuelta en el misterio y la murmuración.